Vox

Ampliaremos el sistema de apoyo a las familias para la educación de sus hijos con medidas fiscales en función del número de hijos para el comedor y transporte escolar, materiales, uniforme o actividades extraescolares.

Programa de desgravaciones fiscales para los perceptores de rentas de jubilación y mayores de 65 años que incurran en cargas a favor de familiares menores de 35 años en concepto de gastos sanitarios, educación escolar y universitaria, práctica deportiva y adquisición de su primera vivienda.

procediendo a la simplificación progresiva y continuada del IRPF a un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% a aplicar a bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando la exención de 22.000€ anuales de rentas del trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores.

Los tipos únicos del IRPF del 15% y del 25% se reducirán cuatro puntos por cada hijo, de modo que una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará solo un 9% si sus rentas son superiores a 70.000 euros.

El resto de las deducciones, reducciones y bonificaciones –muchas de ellas de contenido ideológico– se reducirán progresiva y continuadamente acompasando su eliminación a la reducción efectiva del tipo aplicable

Los costes laborales derivados de la contratación de asistencia en el hogar y personal sanitario de ayuda a las familias, igualmente, los gastos escolares reducirán la base imponible del IRPF.

IVA: bajaremos radicalmente el IVA en los productos de primera necesidad y esenciales, tales como productos y fármacos infantiles, pañales o productos geriátricos); eliminaremos el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual; y eliminaremos la doble imposición actual que se produce en aquellos artículos ya gravados con impuestos especiales.

Revertiremos la subida de IVA realizada en 2012, la mayor subida del IVA del mundo que fue perpetrada por el PP, pasando de nuevo el tipo reducido al 8% y el tipo general al 18%.

Impuesto de Sociedades: reducción del tipo progresiva y continuada en la legislatura hasta alcanzar el 15% y simplificación del Impuesto sobre Sociedades

Suprimiremos el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional

Una vez recuperados, reduciremos el tipo general del 1,5% al 0,5% del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles

Modificaremos la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aumentar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como en el caso de las familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.

aplicaremos una reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas (electricidad, agua, gas…).

Exigiremos que en los reglamentos afectados se especifique que la Administración no podrá iniciar un expediente sancionador por las cantidades a devolver que procedan de la presentación de estas autoliquidaciones rectificativas

Usaremos como indicador principal el “esfuerzo fiscal”, en lugar de la presión fiscal, con el fin de calcular lo que les cuesta a las familias y empresas españolas el pago de sus obligaciones tributarias.

Reforzaremos los mecanismos de persecución de la evasión fiscal para que toda la economía sumergida digital se incorpore a la economía real, y aporte al Producto Interior Bruto nacional (PIB).

Aumentaremos las bonificaciones y deducciones fiscales a las empresas que compren producto nacional, priorizando los proveedores nacionales y ayudando a pequeños comerciantes y productores españoles

A su vez, lucharemos contra la evasión y la elusión fiscal, especialmente de multinacionales y gigantes de internet.

Supresión de los impuestos que pesan sobre la factura de la luz y que fueron establecidos por los sucesivos gobiernos del bipartidismo

Las grandes tecnológicas que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso, se debe asegurar la persecución efectiva de este modelo de evasión fiscal.

Reduciremos radicalmente el IVA de los productos destinados a la primera infancia como pañales, biberones o leche de fórmula.

En materia presupuestaria, elaboraremos presupuestos de base 0, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y de la deuda pública que condena a la ruina a las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas.

las Administraciones Públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas de carácter improductivo, duplicado o meramente ideológico

A su vez, auditaremos y eliminaremos todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Plantearemos ante la Comisión Europea de modo inmediato la reforma y adecuación del Plan de Recuperación de Sánchez y sus socios a fin de impedir, por ejemplo, la imposición de peajes, y asegurar en todo caso que los fondos europeos se invierten en la economía real, creando empleo y llevando prosperidad a todo el territorio nacional, con infraestructuras de todo tipo, incluidas las hidráulicas.

mediante la exoneración de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y la bonificación total a los autónomos que estén de baja.

Fomentaremos y protegeremos el artesanado y los oficios tradicionales y con arraigo, herencia vigorosa de nuestros abuelos, mediante medidas fiscales y crediticias

promoviendo la participación de los trabajadores en las empresas.

Estableceremos un programa de incentivos y de reducción del entramado burocrático para facilitar el retorno a España de todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción

Fomentaremos la continuidad empresarial mediante incentivos y desgravaciones fiscales favoreciendo el relevo generacional en todas las empresas familiares.

Lo defenderemos a través de ayudas fiscales, reducción de la burocracia y un marco legislativo adaptado a su realidad.

Eliminaremos todo tipo de coste público (tasas e impuestos) y minimizaremos los trámites para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.

Implementaremos un programa de deducciones para incentivar las inversiones en actividades económicas a todos los españoles bajo el principio de igualdad, y a los extranjeros que inviertan España

Impulsaremos un plan de ayudas a la conservación de empresas familiares y centenarias mediante incentivos para mantener la actividad y el empleo, facilitando el relevo generacional.

impulsaremos líneas de ayudas al comercio local y pequeños negocios a través de bonos descuento para el consumo de proximidad.

Despolitizaremos los consejos de administración de las eléctricas.

Elaboraremos y ejecutaremos una Estrategia Industrial para España; fomentando cadenas de suministro seguras sobre todo en sectores estratégicos

Acometeremos las inversiones para la mejora de la logística y del transporte y en las comunicaciones de la actividad industrial.

Conservaremos un stock mínimo permanente de bienes estratégicos, esto es, aquellos en los que el riesgo de ruptura sea inaceptable (en particular, medicamentos, equipos médicos, productos agroalimentarios, componentes electrónicos, baterías), que permita a España disponer rápidamente de los mismos en situaciones de particular emergencia.

Mejoraremos los incentivos fiscales para las PYMEs que inviertan en I+D, así como favoreceremos un entorno económico proclive a la innovación.

Impulsaremos la exploración, investigación y explotación de los recursos minerales en territorio nacional, facilitando las inversiones y proyectos mineros

Vamos a proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España y apoyaremos la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas.

Impulsaremos una Ley de industria para potenciar la reindustrialización de España y que garantice la pro-

es urgente compensar a nuestras empresas con la imposición de aranceles y barreras a la entrada de todo producto que no cumpla con las normas que asfixian a nuestros productores.

Impulsaremos la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España.

Tomaremos medidas fiscales y de promoción interior y exterior de esta industria para crear empleo y riqueza, y para vertebrar esa España abandonada por los sucesivos gobiernos. Fomentaremos el turismo rural, de montaña o interior

Elaboraremos un Plan Nacional de Turismo que restablezca la posición de España como primera potencia turística mundial.

Fortaleceremos el turismo rural.

Refuerzo inmediato de los controles fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado. Debe vigilarse de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude

Crearemos la Oficina Nacional de lucha contra el fraude en el etiquetado que se encargará de controlar que el etiquetado sobre la procedencia de los productos extranjeros se ajusta a la realidad

Es necesario limitar la subida de precios al consumidor final, empezando por eliminar los impuestos y normas verdes que estrechan aún más los márgenes de nuestros productores.

Promoveremos iniciativas regulatorias y de impulso de la transparencia para aquellas empresas que ostentan una posición de dominio de mercado; en especial, si se trata de un sector estratégico (como el energético o de telefonía).

Refuerzo de los controles fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado. Se vigilará de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude

Defenderemos el derecho de los españoles a utilizar la moneda en curso legal, en billetes y monedas, oponiéndonos a la eliminación del dinero en efectivo. Además, no obligaremos a las pequeñas empresas a aceptar pagos electrónicos.

Combatiremos la especulación financiera sobre los costes de las materias primas que adultera el mercado y dispara los precios artificialmente

Reforzaremos e intensificaremos el control de las inversiones en España procedentes de países con regímenes corruptos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, entre otros.

Impulsaremos la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos. Para que ello no conlleve una destrucción de empleo, reduciremos drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo.

Avanzaremos hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias de teletrabajo

mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad, y al 50% en el segundo año.

Aumentaremos los incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad.

A su vez, tomaremos las medidas necesarias para acabar con la figura del falso autónomo que afecta a todos los ámbitos laborales.

Derogaremos la reforma laboral de Yolanda Díaz que ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad

A su vez, impulsaremos una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales.

Relanzaremos con las garantías adecuadas los contratos de aprendizaje y en prácticas; poniendo en marcha de forma efectiva e inmediata la reforma de los institutos de Formación Profesional y de las escuelas profesionales.

Dotaremos a los trabajadores becarios de una protección y respeto a su trabajo equiparable a cualquier otro trabajador, incluyendo una supervisión adecuada, una compensación de gastos o salario suficientes y el respeto de su horario y descansos.

Conectaremos estrechamente el sistema de enseñanza superior y universitaria y las empresas, y combinaremos el apoyo económico de las prestaciones por desempleo con medidas eficaces de formación y actualización profesional.

Garantizaremos efectivamente el derecho al trabajo prohibiendo las acciones coactivas en las huelgas políticas.

Acabaremos con todas las subvenciones públicas para sindicatos y patronales, impidiendo que se pueda cobrar de la negociación de los ERE y ERTE.

Exigiremos la fiscalización, control y reducción de los liberados sindicales; y estableceremos la incorporación obligatoria a sus puestos habituales en situaciones de extrema necesidad.

Estableceremos los controles necesarios para suprimir los delegados sindicales fantasma en empresas ya extinguidas.

Acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal.

Acabaremos con la expropiación temporal de inmuebles y con el control de rentas en el contrato de arrendamiento puestos en marcha en los últimos años por distintas regiones.

Preservaremos los derechos de los vecinos residentes y pondremos fin a un modelo turístico poco respetuoso que está contribuyendo a la degradación de nuestros barrios y a la expulsión de los vecinos de sus hogares.

Fomentaremos que los propietarios pongan sus viviendas vacías en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores.

Derogaremos la Ley por el derecho a la vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez

Extenderemos a toda la Nación la deducción por costes de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste

Impulsaremos la construcción viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos.

Fomentaremos la colaboración entre la Administración Pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial.

Movilizaremos el suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes para la promoción de vivienda en alquiler social.

Habilitaremos una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la SAREB la titularidad de los activos, sean los Ayuntamientos los que soliciten a la SAREB, en función de la demanda y las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social.

Modificaremos la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual.

Recuperaremos la deducción por vivienda habitual en la declaración de la Renta.

La vivienda familiar debe ser un bien inatacable. El hogar familiar no podrá ser embargado como consecuencia del mero incumplimiento de obligaciones personales.

Recuperaremos la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan

bonificaremos el ITP en cuota del 100% para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, reduciéndolo en otro caso al 6% y al 3% para familias numerosas.

Reformaremos tanto del Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda.

Crearemos un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación e impulsaremos el seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan, así como la asistencia integral a las víctimas de ocupación.

Eximiremos a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble.

Modificaremos la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y elaboraremos una nueva resolución por la que se dicten las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal al objeto de impedir que un okupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Perseguiremos los pisos patera impidiendo que los okupas y los inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón municipal.

Liberaremos todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional.

Impulsaremos una nueva Ley del Suelo que prevea la liberación del suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas

Revisaremos y rebajaremos los tributos y cargas en el proceso edificatorio.

Promoveremos el incremento de los medios técnicos y personales de los Ayuntamientos encargados de la redacción de los informes técnicos pertinentes para la concesión de licencias, así como la agilización burocrática.

Promoveremos entre las regiones y las Entidades Locales la implantación de sistemas por los que se digitalice el proceso de tramitación de licencias.

Promoveremos un urbanismo amable para las familias, arraigado y armonioso con el entorno, fomentando la rehabilitación de los estilos regionales y la protección de las fachadas tradicionales, incluyéndolos en los catálogos de bienes de interés cultural.

Se aplicarán bonificaciones a la construcción y reorganizarán y armonizarán los incentivos a la seguridad y eficiencia energética en edificios públicos y privados.

Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, po- niendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político.

El ahorro dejará de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática; y las pensiones contributivas estarán exentas de IRPF por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.

Frente a la cultura de la muerte y del descarte, garantizaremos para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar, el apoyo a familiares a cargo, aumentando las plazas en residencias y los programas de atención a la soledad no deseada.

Seguiremos exigiendo una revisión del sistema residencial, especialmente de titularidad pública, para mejorar los protocolos, servicios y equipamientos.

Estableceremos la deducibilidad fiscal de los gastos en que incurren las familias por la contratación de cuidadores de personas dependientes

así como medidas de apoyo a las personas que decidan cuidar a sus familiares mayores en el hogar, incluyendo el contacto con un profesional sanitario que les apoye externamente en esta labor.

También se habilitarán medidas de apoyo económico, social e institucional a familiares y cuidadores.

Impulsaremos la creación de una red nacional de albergues y comedores sociales, con unas condiciones suficientes de higiene y seguridad para los usuarios, para asistir a los más necesitados proporcionándoles un techo y sustento dignos.

ampliaremos el servicio de AT para niños mayores de seis años para aquellos casos en los que el facultativo, especialista o pediatra lo estimen oportuno; garantizaremos una accesibilidad en condiciones de proximidad para los menores españoles que residen en el medio rural; y medidas fiscales para bonificar a las familias que tengan un miembro beneficiario de los servicios de AT.

Incluiremos en los preceptivos informes de impacto de familia un nuevo epígrafe de impacto en las personas con discapacidad. Dicho informe, con el nuevo añadido, será de carácter obligatorio y exigible para cumplir con la calidad normativa.

Impulsaremos, junto con los ayuntamientos, la supresión de las barreras arquitectónicas para garantizar la plena movilidad de los españoles con discapacidad; así como fomentaremos las actividades deportivas para personas con discapacidad.

Introduciremos la deducibilidad del trabajo doméstico de las enfermeras educadoras para la autonomía y la comunicación.

Impulsaremos la terapia ocupacional con el objetivo de garantizar la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.

Implementaremos un verdadero Sistema Nacional de Salud mediante la recuperación de las competencias en materia sanitaria transferidas a las regiones, con el fin de establecer un sistema único, igual y de calidad en toda España y para todos los españoles.

elaboraremos un Plan Nacional de Sanidad que subsane progresivamente el caos de gestión sanitaria. Este plan incluirá un refuerzo del Ministerio de Sanidad, una tarjeta sanitaria única; unificación de la historia clínica y farmacéutica digital, accesible al menos en español a los sanitarios de todo el país; y una cartera de servicios común.

Constituiremos un sistema de compras centralizado y transparente, para toda España que acabe con las ineficiencias regionales.

Implementaremos todas las medidas precisas para asegurar la libertad de elección de médico y centro; y a tal fin, se establecerán mecanismos para una evaluación nacional de resultados, a fin de que los pacientes puedan ejercer esa libertad de forma informada.

Incremento de la inversión en Atención Primaria, con potenciación de la atención rural, de las zonas más saturadas.

Dotaremos, en colaboración con el resto de Administraciones, de los medios humanos y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento o reapertura de los centros de Atención Primaria tanto a nivel ambulatorio como domiciliario en toda España

Reforzaremos la Estrategia Nacional del Cáncer, fomentando la investigación, el diagnóstico precoz, la incorporación rápida de los tratamientos innovadores y la terapia de precisión, para reducir los tiempos de espera. Crearemos una red de Centros Nacionales de Oncología.

Promoveremos la investigación médica, con independencia de la rentabilidad comercial, de personas con enfermedades raras, enfermedades crónicas, y especialmente en las neurodegenerativas (ELA, EM, Alzheimer, etc. ).

Esto incluirá una Ley de Cuidados Paliativos que asegure el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida,

Incluiremos en la cartera de servicios las prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica.

La Sanidad española debe dar preferencia sanitaria a todo español y residente legal y a los trabajadores españoles

Reforzaremos la terapia ocupacional, así como promoveremos un modelo común de Atención Temprana en todo el territorio nacional, evitando así las diferencias en función de la región de residencia.

Incluiremos en los protocolos de todos los hospitales españoles la obligación de informar fehacientemente a los padres sobre las opciones de tratamiento de los restos de sus hijos fallecidos en el seno materno.

Una Ley de Cuidados Paliativos asegurará el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida

Reduciremos el volumen y tiempo de las listas de espera en todos los ámbitos, incentivando a los centros públicos para su reducción, y reforzando los conciertos con la sanidad privada.

Reforzaremos la Estrategia Nacional de Salud Mental, reforzando la prevención. Serán áreas prioritarias la prevención del suicidio y conductas autolíticas, los trastornos alimentarios y de autismo, así como las adicciones.

Para ello, impulsaremos la elaboración de un informe sobre el suicidio para profundizar en sus causas, y garantizar el mejor acompañamiento sanitario, psicológico y social a las personas que se encuentran en una situación límite de salud mental

Promoveremos campañas de información para dar a conocer la realidad del suicidio y que el servicio de emergencias del 112 garantice una atención especializada del suicidio a nivel nacional.

Impulsaremos campañas de sensibilización sobre salud mental y el drama social del suicidio

Mantendremos y potenciaremos un único sistema nacional de Formación Sanitaria Especializada para médicos

Haremos efectivos los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección, acceso y promoción del personal sanitario en España.

Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para garantizar las condiciones laborales óptimas para los profesionales sanitarios, acabar con su precariedad laboral y facilitar la retención de talento en el ámbito de la Sanidad pública.

Garantizaremos la libertad de conciencia de todo el personal sanitario, para que no sea forzado a actuar contra su conciencia ante las imposiciones de la cultura de la muerte (aborto o eutanasia) o de la ideología trans

Defenderemos nuestra soberanía sanitaria y fortaleceremos la industria nacional de tecnología sanitaria y medicamentos para mejorar la respuesta sanitaria. Reforzaremos la AEMPS , acabando con el infierno burocrático y el caos normativo autonómico

Mejoraremos la calidad de la formación profesional y am- pliaremos la FP Dual para la mejor inserción laboral

Implantaremos también exámenes de evaluación de ámbito nacional en distintas etapas educativas que aseguren la asimilación de contenidos básicos en el conjunto de España.

Aprobaremos una Ley Nacional de Educación duradera que establezca unos contenidos comunes y cuya máxima sea la de hacer de la educación un motor de desarrollo personal de nuestra juventud y elemento de cohesión nacional

se consultará al pueblo español mediante la aplicación del artículo 92 de la Constitución Española, relativo a consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, su voluntad sobre el regreso de las competencias educativas al Estado.

garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula.

Derogaremos la Ley Herodes y todas las leyes que vulneran los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad.

la presencia en el aula de activistas y asociaciones que pretendan adoctrinar ideológicamente a los niños pasando por encima de la autoridad de sus padres.

Garantizaremos por ley la protección de los menores en edad escolar, sancionando con extrema dureza las actividades de adoctrinamiento y corrupción que atenten contra su inocencia.

el sistema de acceso a la función pública docente tendrá carácter nacional y asegurará la igualdad y excelencia del personal docente mediante procesos de selección según el mérito y la capacidad.

Impediremos que los alumnos puedan pasar de curso y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas.

Defenderemos los centros de educación diferenciada, garantizando su accesibilidad y potenciando la figura de los educadores especiales en todas las escuelas e institutos

Dignificaremos los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual.

Recuperación y promoción de las Humanidades como elemento imprescindible y transversal de la enseñanza a todos los niveles

Actualizaremos los currículos educativos, garantizando el acompañamiento y la exigencia en la adquisición de contenidos sobre las materias fundamentales, con base en evidencias científicas.

Los currículos serán comunes a todas las regiones y tendrán en cuenta la realidad cultural, lingüística, histórica o geográfica de cada región.

Incluiremos en los currículos contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal

Promoveremos la educación financiera y fiscal con el objetivo de dotar de protección a los españoles frente a los abusos contra su patrimonio

Blindaremos la libre elección de centro educativo en todos los niveles a través de un cheque escolar para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean

Aseguraremos de forma clara e inmediata el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional.

implantando un sistema estatal de inspección educativa efectivo y con poderes suficientes, incluyendo un duro régimen sancionador.

Implantación de una prueba única de acceso a la Universidad en todo el territorio nacional.

Garantizaremos la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política.

Se mejorará el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria para que la educación sea un verdadero ascensor social

Derogación de la Ley de cambio climático que impide que exploremos nuestros recursos, carga sobre los hombros de los españoles el peso de la transición ecológica en forma de “impuestos verdes”

es necesario que la normativa en defensa del medio sea de carácter nacional, elaborada sin injerencias de organismos externos.

Vamos a detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles

Suspensión de toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles.

Abandonaremos todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés nacional, como el Acuerdo de París.

Derogación inmediata de la ley de cambio climático y transición energética a fin de poder explorar e investigar y explotar los recursos naturales y yacimientos minerales

Impulsaremos desde el Consejo de la Unión Europea la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo, eliminando cuanto perjudica a nuestros productores y economía.

reforzaremos los informes de afección medioambiental y de usos del suelo para que, previa instalación de los macroproyectos de energías renovables, valoren su impacto en nuestro patrimonio natural y su compatibilidad e impacto en las actividades humanas del entorno.

Impulsaremos un Plan Nacional de Soberanía Energética para asegurar que los recursos energéticos de que dispone España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo.

elaboraremos un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados.

Utilizaremos los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas en España para implantar en dichas localizaciones mini reactores nucleares (SMR).

Fomentaremos la inversión y actualización del parque de generación nuclear y promoveremos la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes.

Estimularemos la disponibilidad de un mix energético que incluya energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear y las utilice de forma proporcionada para garantizar la soberanía energética.

Instalaremos bombeos hidráulicos en todos aquellos pantanos destinados a la generación hidroeléctrica en que sea posible, adoptando las medidas legislativas necesarias.

Garantizaremos las vías de recepción de gas procedente del norte de África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones en política exterior del Gobierno

Transparencia total sobre los precios de la energía, desglosándolos por tipo de producción, mediante una reforma completa del operador del mercado.

Exigiremos una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final.

No se impondrá ninguna obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada que no se cumplan en primer lugar por todos los inmuebles públicos.

preguntaremos a los españoles sobre el futuro modelo energético de nuestro país, en virtud del artículo 92 de la Constitución.

Por eso es urgente realizar un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común. Dicho plan impulsará la interconexión de todas las cuencas

Acabaremos con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional. Facilitaremos la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España, y protegeremos las ya existentes.

VOX consultará o exigirá consultar a los españoles, en aplicación del del artículo 92 de la Constitución, si quieren un Plan Nacional del Agua

Revisaremos el cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal para comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario

Lanzaremos un estudio nacional para el diseño e instalación de nuevos pantanos que almacenen agua para consumo humano, uso agrícola y generación energética.

es necesaria una planificación adecuada y una gestión correcta para establecer mecanismos de reparto óptimos del agua y la adopción de medidas contra la sequía.

Aprobación de un Plan Nacional del Agua que garantice que sea un recurso accesible a todos los españoles en cada región de España con la interconexión de todas las cuencas,

impulsando en Europa la suspensión inmediata de la prohibición del motor de combustión para 2035

Terminaremos con las medidas injustas que impiden a los españoles desplazarse en el medio de transporte que libremente elijan por no contar con los recursos económicos suficientes para adquirir un vehículo propulsado por las fuentes de energía que más interesan y que imponen las agendas globalistas.

Reforzaremos la red de ferrocarriles con especial énfasis a la alta velocidad para conectar todo el territorio nacional

Exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035.

Además, se debe frenar la imposición de peajes en las autopistas.

Mejoraremos la red ferroviaria para conectar todas las regiones de España y facilitar las exportaciones al resto de Europa. Impulso de la Red de Cercanías para enlazar todas las provincias de forma eficaz.

Dejaremos sin acceso a cualquier tipo de ayuda y subvención pública a aquellas asociaciones y organizaciones ecologistas radicales que ataquen a nuestro sector primario, sus productos y el modo de vida tradicional.

Se procederá a la derogación de la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que será sustituida por una ley que realmente proteja el

es necesario anticiparse al período estival y realizar todas las tareas necesarias para prevenir su propagación y el aumento de los daños.

Entre las medidas que impulsaremos con el objetivo de prevenir incendios y facilitar su extinción se encuentran: facilitar el pastoreo de ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce y recogida de leña

trasladando los posibles proyectos a suelos infértiles o sin interés o valor paisajístico.

Paralizaremos la reforma de la Ley de Costas, que pone en riesgo el empleo de decenas de miles de trabajadores y sus familias.

Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico.

Aprobación de un Plan Nacional del Lobo que garantice, mediante el diseño de mecanismos de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo.

Exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional.

Se implantará una licencia única de caza en todo el territorio nacional. Las licencias previamente concedidas se convalidarán de manera automática en todas las comunidades autónomas.

Impulsaremos la defensa y conservación de la raza autóctona del Toro de Lidia para evitar su desaparición.

Exigiremos la imposición de aranceles a los productos agrícolas provenientes de Marruecos con el fin de que no copen el mercado nacional y europeo en detrimento de los productos españoles.

Corregiremos los desequilibrios comerciales de la cadena alimentaria que se encuentra tensionada por la presión que ejercen los eslabones superiores de la cadena sobre el más débil, generalmente el productor, para mantener sus márgenes.

Incentivaremos fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales.

Promocionaremos el sector primario y la actividad económica propia de las zonas rurales mediante la rebaja acelerada de impuestos para las nuevas explotaciones agrarias y las heredadas.

Exigiremos una Política Agraria Común que anteponga el interés de los productores nacionales y comunitarios sobre los delirios ideológicos de los lobbies ecologistas y proteja a nuestro campo de la competencia desleal extranjera.

Impulsaremos la modernización y extensión de los regadíos,

Protegeremos el suelo, en especial el agrario, para evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables.

Pondremos en marcha planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas en desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo de cereales.

Rechazaremos con dureza ante las instituciones comunitarias cualquier iniciativa europea que suponga más obligaciones “verdes”, reducción de la productividad, subida de costes, aumento de importaciones o pérdida de empleos

Exigiremos la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten, así como medidas para combatir la competencia desleal de productos de terceros países.

Revisaremos el Plan Estratégico Nacional de la PAC para priorizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Es necesario modificar el sistema de concesión de ayudas para que lleguen antes y en mayor

Volveremos a legitimar el aprovechamiento por los agricultores de las aguas provenientes de lluvias torrenciales dentro de la propia finca o explotación, al amparo de lo previsto en la Ley de Aguas,

Fomento del aumento de la superficie de riego. Programas de investigación y ayudas directas a los regantes para la incorporación de las nuevas tecnologías que aseguren la producción y el ahorro de agua.

Frenaremos la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos.

Garantizaremos una correcta aplicación de la Ley de cadena alimentaria para que los ganaderos y agricultores no sigan vendiendo sus productos a pérdidas.

Apoyaremos a la industria agroalimentaria nacional y la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar,

Aseguraremos la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria por productores, negocios y explotaciones de nuestra nación

Incorporaremos a los pescadores a los proyectos de desarrollo de eólica marina que sean susceptibles de afectar a los recursos pesqueros y a la situación de los caladeros

Promoveremos la creación de Centros Formativos Especiales para dar respuesta a las necesidades del mundo rural, adaptados al sector primario de todas las regiones de España.

Fomentaremos inversiones públicas en los barrios, provincias y regiones abandonadas por los poderes públicos. Se proveerán los equipamientos, infraestructuras de transporte y servicios de salud o cultura necesarios para paliar las desigualdades territoriales

Dotaremos de incentivos (fiscales, laborales, etc.) a las empresas radicadas en zonas especialmente poco pobladas de la geografía nacional o con especial vulnerabilidad, como el Campo de Gibraltar.

Se impulsará la creación y crecimiento de empresas en la economía rural concediendo incentivos fiscales que permitan desarrollar empresas viables, rentables y atractivas a la inversión.

Reforzaremos las infraestructuras de transporte en la España rural abandonada por los sucesivos gobiernos para garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos.

Revisaremos el Catastro para acabar con las enormes diferencias que existen en la España Rural entre un valor catastral muy superior al valor de mercado de los inmuebles

Promoveremos un estado unitario administrativamente descentralizado que sea capaz de promover la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles independientemente del lugar de España en el que residan.

proponemos la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.

Limitaremos en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sistemas normativos distintos

Recuperaremos la vitalidad y autonomía de los municipios. Para ello, se les debe liberar de la ineficiente estructura autonómica y del ejercicio de competencias innecesarias

Supresión progresiva – mediante reducción de competencias y efectivos – de las policías autonómicas e incorporación de sus miembros a los cuerpos nacionales.

Proposición no de Ley para la recentralización de las Instituciones con el fin de reducir el despilfarro provocado por la ineficiencia del “Estado autonómico” a través de la devolución al Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia

Aseguraremos y visibilizaremos la presencia de la Administración civil y militar del Estado al servicio de los españoles en todos los territorios de la nación, especialmente en aquellos donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España

Suspenderemos inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España.

Iniciaremos el proceso de devolución al Estado de las competencias en Educación.

Garantizaremos la seguridad jurídica y la homogeneización del caos normativo entre regiones para que España y sus productos sean más competitivos

Incrementaremos el gasto público en Sanidad, Educación, Dependencia e Infraestructuras. Para poder lograrlo es necesario desmontar el sistema autonómico, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminar con el despilfarro político.

Procederemos a la reestructuración de la Administración, impulsada tanto desde las Cortes Generales como desde los parlamentos regionales, integrando los servicios públicos esenciales en la estructura central del Estado (Sanidad, Educación, Justicia…).

Recuperaremos la unidad de mercado interior, así como las competencias económicas para el Estado. Reduciremos el exceso de legislación de las actividades económicas que actúan como barreras de entrada para los nuevos empresarios y autónomos.

Unificaremos la legislación que afecta al suelo, tramitación de permisos, comercio, exigencias de calidad, requisitos lingüísticos, estrategias de atracción de la inversión etc.

sino que le sean inmediatamente devueltas aquellas competencias en materia de Seguridad, Interior, Tráfico, Protección Civil y Vigilancia Marítima, así como aquellas en el ámbito de Justicia e Instituciones Penitenciarias.

Abogaremos por la recuperación de la competencia exclusiva del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, tanto en los ámbitos internos de la Unión, como en las relaciones bilaterales entre los Estados miembros, o la presencia de los Estados de la Unión en organismos internacionales, suprimiendo toda representación política exterior de regiones o municipios.

Suprimiremos todos los privilegios legales y fiscales amparados en supuestos “derechos históricos” que provocan

Modificaremos la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias para asegurar la igualdad esencial entre españoles en los impuestos cedidos, especialmente, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

la gestión y recaudación de todos los tributos estatales, cedidos o no, se realizará por la AEAT, poniendo fin a la proliferación de Agencias tributarias regionales

Fin de las subvenciones públicas e ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía.

se consultará al pueblo español mediante la aplicación del artículo 92 de la Constitución Española, relativo a consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, su voluntad sobre la ilegalización de partidos separatistas.

Ilegalizaremos los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

Garantizaremos el uso del español en todo el territorio nacional. Suprimiremos cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua

Señalizaremos, al menos en español, todas las carreteras y vías urbanas del territorio nacional.

Acabaremos con la brecha territorial que perjudica a los trabajadores españoles y dificulta su movilidad, derogando toda imposición lingüística y discriminatoria de las comunidades autónomas.

Presionaremos para que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea en ningún caso un impedimento para el acceso por oposición a plazas de personal sanitario, como está ocurriendo hoy en algunas regiones de España; garantizando que el único requisito en materia de lengua sea el conocimiento del español.

Mientras no se devuelva la competencia de Justicia al Estado, desarrollaremos un sistema de gestión procesal único en toda España, de tal manera que se garantice la interoperabilidad entre juzgados

Garantizaremos la primacía del Derecho nacional y la recuperación de la soberanía de nuestros jueces y tribunales en el conocimiento y enjuiciamiento de conductas delictivas.

Trabajaremos por la existencia de un único Alto Tribunal, de forma que el Tribunal Constitucional pase a integrarse y desarrollar sus funciones en una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo.

modificaremos la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para establecer un plazo máximo de tres meses para que el TC resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

Prohibiremos los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial

Aprobaremos una Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ajustándose al artículo 122.3 de la Constitución, de manera que todos los miembros del CGPJ sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados

Fortaleceremos las funciones del CGPJ y lo dotaremos de mayor autonomía presupuestaria.

Rechazaremos cualquier intento de atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal.

Modificaremos la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces y tribunales

Exigiremos medidas efectivas para acabar con las dilaciones indebidas y las filtraciones en los juzgados para una justicia más ágil, limpia y transparente, sometida solo a la Ley.

Promoveremos las reformas legislativas necesarias para que Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, participen en la decisión de asignación y dotación de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia

que se mejoren y dignifiquen las retribuciones de jueces, magistrados, fiscales, letrados y demás profesionales de la Administración de Justicia.

Suprimiremos las Fiscalías especiales con finalidad netamente ideológica, como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación

integraremos las actuales Fiscalías Especiales contra la Violencia sobre la Mujer en unas dedicadas ampliamente a asuntos de familia, y dotaremos de mayores medios y recursos a la Fiscalía Anticorrupción.

Aseguraremos el respeto a las decisiones de los jueces españoles e impulsaremos la reforma de la euroorden para eliminar la posibilidad de que individuos con causas penales pendientes en España se beneficien del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora.

Procederemos a la fiscalización de los caudales públicos, la persecución de la corrupción, la devolución efectiva de todos los fondos públicos obtenidos ilegalmente y la protección integral de los denunciantes.

Crearemos una Oficina Nacional de lucha contra el Fraude y la Corrupción, que garantice la independencia en la función y la igualdad de los españoles, poniendo fin a la dispersión autonómica.

Mejoraremos los mecanismos y portales de transparencia, denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración con el dinero de los españoles.

dotaremos de mayores medios y recursos a las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil especializadas en la lucha contra la corrupción; así como procederemos a la unificación de las bases de datos.

Como paso previo, consultaremos al pueblo español sobre su voluntad de eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales en aplicación del artículo 92 de la Constitución, sobre consultas políticas de especial relevancia.

aplicaremos o exigiremos aplicar el artículo 92 de la Constitución para consultar al pueblo español sobre una decisión política de especial relevancia

Acometeremos la unificación de procesos y la interoperabilidad de procedimientos con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de los servicios públicos con leyes de ordenación y coordinación e impulsando la Alta Inspección del Estado.

Exigiremos que todas las Administraciones Públicas, de cualquier nivel territorial, presten atención presencial, sin cita previa y, al menos, en español.

Suprimiremos el Ministerio de Igualdad, que es innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en los medios políticos que acomete al servicio de aquellas y oneroso en su estructura, así como dedicaremos ese gasto a la mejora de servicios públicos esenciales como la sanidad, la justicia, la seguridad o el sistema educativo.

Suprimiremos todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos.

Nosotros impulsaremos una auditoría y reforma completa del sistema tutelar español, que debe proteger a los niños en situaciones excepcionales de vulnerabilidad o de desamparo y proporcionarles urgentemente un hogar.

Garantizaremos la accesibilidad universal de la Administración Electrónica para que todas las personas puedan relacionarse sin exclusiones con la Administración por vías o medios digitales, sin perjuicio de proporcionar siempre una alternativa presencial.

Acabaremos con los trámites dispersos frente a muchos niveles de la Administración, impulsando una carpeta personal de cada español a través de la cual pudiese gestionar sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas

Acabaremos también, en colaboración con las Entidades Locales, con las cocinas fantasma en zonas residenciales que no cumplen con la normativa y que provocan ruidos, humos, suciedad y malos olores.

Pondremos en marcha la mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente, que incluirá en todo caso la simplificación de normativas, trámites y procedimientos; ampliando de forma decidida los supuestos de silencio administrativo positivo para el administrado.

La cita previa será potestativa del ciudadano y el trabajo remoto se establecerá en unidades administrativas que acrediten, objetivamente, un alto grado de satisfacción ciudadana.

Revisaremos y ampliaremos todas las medidas de protección del contribuyente y mecanismos de segunda oportunidad, para que los españoles que se encuentren en dificultad no se vean perjudicados por una actuaciones abusivas de la Administración. Restableceremos el Estatuto y Consejo de Defensa del Contribuyente integrado por expertos independientes.

Acometeremos una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, dirigida a racionalizar su estructura y funciones, así como la de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos innecesarios o meramente ideológicos.

Suprimiremos todas las oficinas de implantación de la Agenda 2030 y crearemos una Oficina Estratégica para el Interés Nacional que vele por los intereses de los españoles en el ám- bito económico, defendiendo los intereses de las empresas españolas en el exterior y atrayendo inversiones productivas.

cerraremos aquellos ministerios, secretarías de estado y direcciones generales que hayan demostrado su inutilidad y sean simples herramientas de propaganda ideológica del Gobierno, como el Ministerio de Igualdad.

Cerraremos todos los chiringuitos públicos ideológicos regados con dinero público como los chiringuitos LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030 y pondremos fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas.

Cerraremos todos los organismos destinados a crear estructuras paralelas del estado (consejos de juventud, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, cartográficas…)

Despolitizaremos los órganos del Estado que Sánchez ha tratado de patrimonializar con fines partidistas como el Tribunal de Cuentas, el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas servirá de mérito para el acceso al empleo público, con reserva de plazas.

Pondremos sentido común a la nefasta técnica legislativa de los últimos gobiernos, que han abusado del Real Decreto Ley, y de la voracidad normativa, derogando normas para simplificar las leyes y reglamentos.

Suprimiremos la Dirección General de Derechos de los Animales,

Derogaremos todas las leyes que el gobierno de Sánchez ha aprobado o mantenido y alientan el enfrentamiento y la división entre españoles, como la Ley de Memoria Democrática o la Ley LGTBI.

Derogación de toda legislación de “memoria histórica” o “democrática”.

Aprobación de una Ley de Concordia que fomente el encuentro y la reconciliación y cuyo fin sea superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común de España.

Hasta que se haga efectiva, se garantizará la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas.

Los funcionarios de Prisiones serán agentes de autoridad y junto a los miembros de las FFAA y FCSE recibirán la adecuada instrucción y adiestramiento y dispondrán de los medios humanos, recursos materiales, seguridad jurídica y amparo legal necesarios

Un Sistema Nacional de Protección Civil vertebrará de forma unitaria la respuesta ante emergencias, catástrofes, incendios e inundaciones y unificará el régimen de personal y protocolos de actuación.

Puesta en marcha de un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores

La revisión del Sistema Estadístico de Criminalidad también evitará que todos los tipos penales tengan el mismo peso a la hora de calibrar el índice de criminalidad y asegurará la publicidad de la nacionalidad de los atacantes

garantizaremos la presencia policial en todas las calles y todos los barrios de España imposibilitando la creación de guetos

Apoyaremos todas las medidas que tengan por finalidad aumentar la protección personal y seguridad y prevención de riesgos laborales de los Vigilantes de Seguridad

Lucha contra las pandillas y bandas callejeras, el tráfico de drogas y la pequeña delincuencia.

Impulsaremos un nuevo plan penitenciario y un aumento del personal de equipamiento de los funcionarios de prisiones.

Identificaremos a los violadores que han salido en libertad, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres.

Promoveremos una Ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico, aumentaremos las penas a violadores y agresores sexuales, y reforzaremos las medidas contra la pedofilia y la pornografía infantil.

Reintroduciremos los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad

Dotaremos de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Coro- na. Las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas deben agravarse para que ninguna afrenta a ellos quede impune.

Dignificación del trabajo policial y aumento de las sanciones a la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

Un nuevo Código Penal y Ley Penal del Menor elevarán las penas para los crímenes violentos perpetrados por bandas e individuos armados, así como para los delitos más graves (asesinatos, violaciones, pederastia, narcotráfico, sedición, terrorismo de carácter separatista e islamista).

También incrementaremos las penas a los pirómanos y autores de incendios.

Reformaremos el Código Penal para recuperar el delito de sedición y para agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos

Firmaremos acuerdos bilaterales con terceros países para que los presos extranjeros cumplan las penas que les han sido impuestas en sus estados de origen.

Detendremos la persecución de opiniones, sentimientos o valores arraigados en nuestra sociedad camuflada bajo el ambiguo paraguas del “delito de odio”

Estableceremos un marco jurídico que impida que personas que actúan en legítima defensa para proteger su hogar y a su familia tengan que sufrir un infierno judicial hasta demostrar su inocencia.

Derogaremos la ley del solo sí es sí, que solo ha servido para sembrar la inseguridad y el dolor para las mujeres y niños víctimas de agresiones sexuales y cuya reforma no es suficiente para paliar sus efectos nocivos; y la sustituiremos por una ley que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente.

Bajaremos la edad penal y revisaremos la ley del menor para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.

España participará en misiones de seguridad internacional y lucha contra el yihadismo según nuestros intereses y capacidades.

Se exigirá a los responsables de la religión islámica en España su colaboración para la detención de radicales.

Cerraremos las mezquitas o centros de culto que propaguen ideas que son contrarias a nuestra cultura e identidad como el radicalismo islámico, la yihad o el menosprecio a la mujer y a nuestras costumbres.

Impulsaremos la aprobación una Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Esta norma, impedirá de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo,

Promoveremos la investigación de todos los crímenes de ETA aún no resueltos e impulsaremos la consideración de los delitos cometidos por ETA como de lesa humanidad, para que nunca prescriban.

Eliminaremos los privilegios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo. Además, prohibiremos la utilización de los centros penitenciarios para el intercambio de presos peligrosos a cambio del acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas.

Reforzaremos la cooperación policial en materia de lucha contra el terrorismo, así como una política coordinada de

tolerancia cero con mezquitas y centros de culto que propaguen la yihad, el menosprecio a la mujer y nuestras costumbres o el radicalismo.

Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Esta nueva norma impedirá de forma efectiva los homenajes a los terroristas

Aumentaremos el número de miembros y dotaremos a las FCSE de todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el adecuado ejercicio de sus funciones, especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el gobierno marroquí.

Garantizaremos una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral para asegurar el empleo de los españoles

Sancionaremos con dureza, incluyendo retiradas de licencias, concesiones y autorizaciones, a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación

Los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen, revisaremos la legislación, protocolos y acuerdos con otros países para hacer efectivas estas repatriaciones.

Un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras salvaguardará la inviolabilidad del territorio nacional mediante la vigilancia, control e inspección de personas y mercancías extranjeras en el acceso a España por vía terrestre, marítima y aérea.

Despliegue militar en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias para garantizar la protección de esos territorios ante invasiones promocionadas desde estados vecinos u organizaciones internacionales.

consultaremos a los españoles sobre las políticas migratorias y la expulsión de inmigrantes ilegales.

Inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.

Expulsaremos de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen.

Eliminaremos las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal.

Endureceremos las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.

Se promoverán sanciones a aquellos Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática y se ilegalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración ilegal.

Cerraremos los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles. Todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata.

Impulsaremos un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata

Declararemos como situación de interés para la Seguridad Nacional la insoportable presión migratoria que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla.

Los inmigrantes ilegales no podrán empadronarse ni adquirir con ello los beneficios y las ayudas correspondientes.

Impulsaremos junto a las regiones y ayuntamientos una red de alerta en tiempo real que ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado cualquier caso de inmigración ilegal

estableceremos condiciones que tengan en cuenta las nacionalidades que comparten idioma y lazos históricos y culturales con España.

En el caso de los inmigrantes en situación de ilegalidad, la atención abarcará las situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas.

Estableceremos la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda.

Exigiremos que las ayudas sociales estén vinculadas a la residencia legal y no al mero empadronamiento.

Trasladaremos el mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España.

Nuestra política de inmigración atenderá de forma prioritaria a los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España.

Supresión de la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. Asimismo, se eliminará la posibilidad de sustituir la expulsión por una multa.

Reforma de la normativa sobre nacionalidad para impedir la adquisición fraudulenta o abusiva de la nacionalidad española, resignificando la condición de ser español; y ampliando los supuestos de pérdida de la nacionalidad.

La adquisición de la nacionalidad debe estar sometida en cualquier caso a una integración real y comprobable, a una ausencia total de antecedentes penales y a un perfecto conocimiento del español.

Revisaremos el derecho a la nacionalidad vinculada únicamente al hecho de haber nacido en territorio nacional.

Hasta que se implanten los protocolos y mecanismos suficientes para lograr este objetivo, los centros de MENA se reubicarán alejados de núcleos urbanos

Exigencia ante la Unión Europea de creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de asilo

Defenderemos en el Consejo de la Unión una reforma completa de la política inmigratoria y de asilo de la Unión Europea.

Derogaremos la Ley Integral de Violencia de Género, que consagra la asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres

Eliminación de toda legislación de género y que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación o identidad sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición.

Derogaremos la Ley de violencia de género y de toda norma que derive de la teoría de género, que atente contra la presunción de inocencia o establezca tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima. Eliminaremos los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Derogaremos la ley de violencia de género y toda la normativa que, lejos de proteger a las mujeres eficazmente, ha alentado una guerra de sexos, la ruptura de familias, la desigualdad ante la ley y la destrucción de la presunción de inocencia.

Aprobaremos medidas legislativas que combatan eficazmente la violencia doméstica y prevean la asistencia a las víctimas sin que ningún chiringuito ideológico usurpe los fondos destinados a ellas.

se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.

Derogación de las leyes ideológicas que no protegen a las personas, sino que colectivizan al individuo y los someten a las exigencias de grupos de interés, ya sea LGTBIQ+ o Ley trans.

Garantizaremos la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de «cambio de sexo» en los menores de edad.

suprimiremos de la Sanidad Pública aquellas intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.), protegiendo especialmente a los menores de estas prácticas.

Derogaremos la ley Trans, Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

leyes de apoyo a la natalidad y la familia, así como la derogación de las leyes de eutanasia y del aborto.

Defenderemos el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabaremos con la cultura de la muerte. Para ello, comenzaremos por la derogación de la Ley de la Eutanasia y la Ley del aborto libre.

defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos.

El protocolo incluirá la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica mediante el acceso a un psicólogo clínico; así como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D.

Garantizaremos la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático e inesperado y promoveremos la adopción nacional y el acogimiento familiar como alternativa al aborto.

Eliminaremos las ayudas públicas a aquellas organizaciones que promuevan prácticas contrarias al fomento de la vida desde su concepción, o induzcan activamente a las mujeres a realizarlas.

Derogación de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se me modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para suprimir el artículo 172 quater

Garantizaremos el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por el personal médico o administrativo que por sus funciones se encuentran relacionados con las prácticas contrarias al derecho a la vida.

Derogaremos la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, contraria a la dignidad de toda persona

impulsaremos políticas que permitan la estabilidad familiar y que combatan la brecha maternal.

bonificando el coste para el empre- sario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad, implementando deducciones por la contratación de madres, ofertando cursos de actualización profesional para facilitar su reinserción laboral

Aumentaremos la inversión del Estado en las familias y fomentaremos las condiciones para el fortalecimiento de estas, promoviendo la natalidad y la conciliación. Desarrollaremos una legislación que proteja a las familias en ámbitos como el fiscal, apoyo a la natalidad, conciliación o acceso a servicios públicos.

Aprobaremos una nueva deducción por nacimiento o adopción en el IRPF, por un importe de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 euros por el segundo, 2.500 por el tercero y 2.750 por el cuarto hijo en adelante, con la posibilidad de cobro de manera anticipada a través de la Agencia Tributaria.

Suprimiremos el Ministerio de Igualdad y en su lugar crearemos un Ministerio de Familia.

El nuevo Ministerio dirigirá su acción a la puesta en marcha de políticas de impulso de la natalidad mediante un Plan Nacional de natalidad y de apoyo a la familia

Promulgaremos una Ley de protección integral de la familia, que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial que desempeña como núcleo vertebrador de nuestro ser social y medio natural de desarrollo y crecimiento de la persona.

Incluiremos bonificaciones fiscales para familias numerosas, préstamos sin intereses o avales bancarios para parejas jóvenes con hijos, becas escolares al comedor y transporte, ayudas deportivas y beneficios en el acceso a servicios públicos en colaboración con el resto de administraciones.

Apoyo decidido a la natalidad, impulsaremos medidas de protección integral a la natalidad, tanto fiscales como sanitarias, psicológicas o de acceso a servicios sociales.

En la aprobación de toda nueva norma se incluirá un estudio que evalúe su impacto real en la vida de las familias.

Incentivaremos fiscalmente a las empresas que contraten a nuevas madres y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Paralizaremos la tramitación de la Ley de Familias impulsada desde el Ministerio de Ione Belarra

Ofreceremos medidas en favor de la mediación familiar prestando apoyo a las familias para la resolución de situaciones conflictivas, siempre en consideración del interés superior del menor.

Implementaremos un documento familiar identificativo de sus miembros y que supondrá para sus portadores condiciones más beneficiosas en el acceso a distintos servicios públicos: transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades de ocio.

Facilitaremos la formación y reincorporación al trabajo de las madres que han interrumpido su carrera por la maternidad y desean retomarla, así como medidas contra la discriminación, las presiones y la penalización económica que pueden sufrir las mujeres que desean ser madres en el ámbito laboral.

Apoyaremos a los ayuntamientos para garantizar guarderías gratuitas abiertas hasta el horario de comercios y oficinas.

Atenderemos las necesidades de movilidad geográfica de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y FCSE, a fin de facilitar que las familias permanezcan unidas.

estableciendo la medida de la custodia compartida como la regla general en caso de separaciones entre cónyuges para preservar y proteger el derecho de los menores a relacionarse con sus padres y abuelos.

Rechazaremos prácticas como los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compraventa a los seres humanos.

Pondremos límite a la desproporcionada proliferación de las casas de apuestas, regulando la concesión de licencias e impidiendo que estos establecimientos estén cerca de los centros de enseñanza, así como la implantación de otros límites claros que protejan a la sociedad de las graves consecuencias que el juego provoca, impulsando planes de prevención de la ludopatía.

Promoveremos un estilo de vida saludable, que proporcione a los miembros de las familias las herramientas necesarias para ser libres y no caer en adicciones

Difundiremos y protegeremos la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal

Potenciaremos la lengua española en el extranjero a través del Instituto Cervantes

Promocionaremos y apoyaremos nuestras fiestas locales y tradiciones populares como señas de identidad

Apoyaremos el desarrollo de proyectos de conservación y restauración de nuestro patrimonio histórico compartido.

Reforzaremos el papel del Instituto Cervantes en su labor de promoción universal de la lengua española y difusión de la cultura española.

Impulsaremos iniciativas culturales y educativas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destinadas a combatir la “leyenda negra” y a dar a conocer la labor civilizadora de España en América.

Protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios de la España rural frente a los ataques del progresismo y el globalismo.

Apoyaremos con medidas fiscales y crediticias la tauromaquia y los espectáculos taurinos.

Protegeremos y conservaremos el patrimonio histórico-artístico tradicional como garante de nuestra identidad nacional y motor económico y turístico, mediante un plan nacional de catalogación, restauración, conservación y difusión de este, con el apoyo de una nueva ley de mecenazgo.

Pondremos a las delegaciones territoriales de RTVE al servicio de todos los españoles, fomentando que sean medios que reflejen la realidad cultural y la actualidad de las distintas provincias. Con ello se dará el primer paso para el cierre de las televisiones autonómicas

Garantizaremos el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, en tanto que la libre circulación de las ideas favorece el conocimiento

Prohibición de las ayudas directas públicas a medios privados de información.

Desmontaremos los oligopolios informativos garantizando la imparcialidad, la libre competencia y la pluralidad en la concesión de licencias televisivas y radiofónicas.

Es urgente librar a Radio Televisión Española de la politización a la que se ha sometido a la Corporación

Apostaremos por programas específicos de prevención y atención sobre el uso, abuso y adicción a nuevas tecnologías, a los videojuegos y a redes sociales en niños y jóvenes

Estableceremos una fórmula para que los gigantes tecnológicos, además de pagar correctamente sus impuestos, coticen también por los datos digitales que cosechan en España.

se consultará al pueblo español mediante la aplicación del Artículo 92 de la Constitución Española, relativo a consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, su voluntad sobre control del tratamiento y almacenaje de sus datos personales, especialmente por parte de empresas extranjeras.

Crearemos una pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas extranjeras que quieran sacar a sedes extranjeras datos obtenidos en territorio nacional. Este mecanismo implicará el pago de un porcentaje al particular del que se obtengan los datos, además de la correspondiente tributación.

Protegeremos la soberanía de los datos de los españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de los datos personales en internet; siempre y cuando no suponga una amenaza para la seguridad nacional.

Impulsaremos la mejora de las directivas europeas en materia de protección de datos para fomentar que todos los datos obtenidos en un Estado Miembro sean almacenados en servidores en esas mismas naciones, o se tribute y pague a los particulares por su exportación.

Preservaremos desde los poderes públicos la inocencia de los menores y protegerlos frente a los riesgos presentes en los entornos digitales, tales como la adicción al juego o la pornografía o la mayor vulnerabilidad ante ciertos delitos.

Reforzaremos la seguridad en las redes de telecomunicaciones, en especial las infraestructuras de comunicaciones móviles y las que soportan infraestructuras críticas.

Defenderemos una política europea común que sirva de freno a los oligopolios tecnológicos y que contemple la soberanía nacional y personal de los datos.

Protegeremos la soberanía de los datos digitales de los españoles estableciendo mecanismos de control para evitar que las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional.

Aprobación de una legislación que impida que las grandes plataformas digitales se conviertan en tribunales de excepción que, de facto, atacan el ejercicio de la libertad de información y expresión

El Gobierno tiene que proteger la soberanía personal y nacional de los datos digitales desarrollando una nueva legislación que proteja los datos de los españoles e impida que sean utilizados contra los intereses de los nacionales.

se asegurará el derecho de los españoles a ser retribuidos cuando comparten datos con ellas.

Se aplicará el artículo 92 de la Constitución para convocar un referéndum y preguntar a los españoles si quieren sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España

Ofreceremos apoyo a los padres en su preocupación por la protección de sus hijos menores ante adicciones como el juego o la pornografía, con acciones como la oferta de formación y asistencia en implantación de filtros para dispositivos móviles en escuelas, bibliotecas o centros culturales públicos.

Acabaremos con la forma actual de reparto de los fondos europeos, de espaldas a los verdaderos intereses de los españoles y condicionada a las imposiciones ideológicas globalistas.

Como ya hace VOX en Castilla y León, exigiremos en Bruselas la revisión de la legislación para asegurar un equilibrio entre la viabilidad de los sectores productivos y las garantías medioambientales y sanitarias

Aplicación estricta del principio de preferencia comunitaria y revisión de los acuerdos de libre comercio suscritos con terceros países.

Vigilaremos, como no se ha hecho jamás, el impacto económico y social para la economía española y para las familias, de cualquier Reglamento, Directiva o Decisión comunitaria, antes de su aprobación, para exigir en Bruselas su no aprobación o modificación antes de aprobarse

Exigiremos, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta

Impulsaremos un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de una Comisión Europea que nadie elige y a la que nadie puede fiscalizar.

Rechazaremos cualquier tendencia federalista de la Unión Europea.

Defenderemos la primacía de la Constitución sobre el Derecho europeo y, en general, del Derecho nacional en cuestiones que afecten el Bien Común de España y los intereses generales del Estado.

Exigiremos la reducción del gasto político superfluo en las instituciones comunitarias.

Exigiremos que la adopción de acuerdos en el Consejo europeo y el Consejo de la UE garantice el pleno consentimiento de todos los Estados miembros, recuperando la regla de la unanimidad allí donde sea precisa para asegurar el respeto a la soberanía nacional.

Velaremos porque las instituciones europeas se impliquen de forma efectiva en la defensa de la libertad y la democracia frente a los ataques que sufren las naciones de la Iberosfera.

Una nueva Estrategia de Seguridad Nacional integrará Defensa, Interior e Inteligencia y permitirá prevenir y evitar eficazmente cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España

Una Ley de Carrera Militar única para las Escalas de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería, que permita que después de los 45 años los mejores puedan permanecer en la estructura del Ministerio de Defensa

Las Academias militares serán centros de la Universidad de Defensa. Homologación civil de los estudios y especialidades militares

desarrollaremos el Servicio Militar de reserva voluntaria, en el que todos los españoles sin exclusión podrán ejercer su derecho y deber de defender a España previsto en el art. 30.1 CE.

Exigiremos la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que este recoja e incluya, de forma explícita, a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN.

Aumentaremos la inversión en Defensa y aseguraremos sueldos dignos y ayudas a la movilidad geográfica y a la vivienda y alojamiento, que serán deducibles.

Dotaremos adecuadamente los programas de modernización para las Fuerzas Armadas, impulsando el desarrollo y la contratación de servicios e industria nacional de Defensa

Desmantelaremos las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde Gibraltar y aplicaremos toda la presión internacional necesaria para recuperar ese territorio ocupado.

Defenderemos nuestra soberanía ante injerencias extranjeras y recuperaremos una posición internacional que priorice la defensa de los intereses reales de los españoles y de la unidad nacional.

Revisaremos las relaciones comerciales con aquellos países que sistemáticamente practican la competencia desleal respecto de nuestros productos.

Refuerzo de la acción diplomática para promocionar y proteger nuestros productos en el exterior

Impulsaremos la reforma en profundidad de la OMS para que sea realmente un mecanismo de coordinación y apoyo científico a los Estados miembros

Nos opondremos a la reintroducción del llamado pasaporte verde y a las pretensiones de aprobación de un tratado de pandemias que ponga en manos de organizaciones supranacionales el control de nuestros sistemas sanitarios

Exigiremos, como ya hemos hecho a nivel regional, la eliminación de todos los organismos autonómicos y locales de acción exterior y ayuda a la cooperación internacional.

Fomentaremos la bilateralidad en las relaciones internacionales y revisaremos la contribución e incluso la pertenencia de España a organismos internacionales si actúan contra los intereses nacionales.

La ayuda internacional de España a países en vías de desarrollo estará vinculada a la colaboración con la política migratoria nacional.

Suspensión de toda la ayuda internacional a los estados que no cooperen con España en el control de los flujos y mafias de tráfico de personas en el Mediterráneo

Auditaremos todos los programas de la Cooperación Española Internacional, y desecharemos todos aquellos que se desarrollen en países que no colaboren con el nuestro en la lucha contra la inmigración ilegal.

Lideraremos la formación de un eje de la Europa del sur para la defensa de intereses comunes, tales como protección de fronteras, el sector primario o la cultura.

Rechazaremos cualquier acuerdo Unión Europea-Reino Unido o España-Reino Unido que no pase por respetar los derechos soberanos de España sobre la colonia británica de Gibraltar.

Exigiremos a terceros países el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por ellos y por España.

Difundiremos la Carta de Madrid como respuesta a la amenaza totalitaria y globalista encabezada por el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla bajo el paraguas del régimen castrista.

Pondremos en marcha todas las medidas diplomáticas a nuestro alcance para evitar que las naciones de la Iberosfera retrocedan en el régimen de libertades propio de las naciones libres y soberanas.

Exigiremos la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.

Promoveremos la Iberosfera como un espacio de intercambio político, económico y cultural en condiciones de libertad para todos los ciudadanos a ambos lados del Atlántico. Potenciaremos el papel de las Cumbres Iberoamericanas.

Por ello, velaremos por la protección de las inversiones exteriores de nuestras empresas en los países hispanoamericanos.

Eliminaremos cualquier tipo de ayuda destinada a la implementación de la Agenda 2030 o la financiación de movimientos de ideología de género o indigenistas en la Iberosfera.

Revisaremos nuestra política de cooperación internacional al desarrollo con el fin de no contribuir de manera indirecta al sostenimiento de regímenes autoritarios o que violen los derechos humanos.